La violencia se considera un problema de salud pública. Esta produce un impacto negativo en la población, especialmente entre las personas menores de edad y jóvenes. Las enfermedades y la mortalidad asociadas con la violencia han venido en constante crecimiento, lo cual ha sido una preocupación de organismos nacionales e internacionales vinculados con la salud pública y la seguridad ciudadana.
En el año 2003 la Organización Panamericana de la Salud publicó el Informe mundial sobre la violencia y la salud, en donde destaca la necesaria articulación de diversos actores para la prevención primaria de este flagelo social. Si bien la salud pública no puede ofrecer todas las respuestas, sí existe la voluntad para colaborar en su prevención en conjunto con otros órganos privados y públicos de la sociedad.
La violencia tiene repercusiones directas sobre la salud y en los servicios de atención, los cuales deben estar dispuestos para atender a las personas víctimas de los hechos. Las lesiones físicas y psicológicas producidas por las distintas manifestaciones de la violencia, así como las muertes que se producen, deben ser consideradas un problema de salud pública.
La guerra es el foco por antonomasia de la violencia. Sin embargo, en la paz también se alimenta la violencia: la que sucede en las carreteras con miles de víctimas anuales; la intolerancia en distintos órdenes de la vida que concluye con la agresión, la violencia familiar, la que se ejerce contra las mujeres, los ancianos, los niños y, la que perjudica las poblaciones más vulnerables…
No hay recetas, pero debemos construir poco a poco una sociedad más tolerante y dispuesta al diálogo; con ello la comunidad, la familia y el individuo se verían beneficiados. No hay duda, que la salud pública como disciplina, es parte importante de ese diálogo.
(En el 50 aniversario de nuestra Asociación, creamos vínculos para buscar soluciones a algunas manifestaciones de desintegración social que afecta la salud de los pueblos).